Ética le pasa factura a Francisco Domenech: una querella sacude al exsecretario por un contrato aprobado a Janet Parra.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella ética contra el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, alegando una posible violación a la Ley de Ética Gubernamental relacionada con la contratación de la exsecretaria de Justicia, Janet Parra.
Según la querella, Domenech aprobó el 18 de agosto de 2025 un contrato de $125,000 para que Parra ofreciera servicios profesionales a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Sin embargo, tras abandonar el gobierno en agosto de 2026, el propio Domenech contrató a Parra para que lo representara legalmente en una investigación ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
La OEG sostiene que esta acción podría constituir una infracción a la ley, ya que un exfuncionario no puede, durante el año siguiente a su salida del gobierno, contratar directa o indirectamente con una persona privada sobre la cual ejerció una acción oficial durante el año previo a dejar su cargo.
Como parte de la querella, la agencia solicita una restitución de fondos públicos. Además, Domenech cuenta con 20 días para responder a las alegaciones, contados desde el 29 de octubre.
DOMENECH SE DEFIENDE Y ACUSA A ÉTICA DE INTERFERIR CON SU DERECHO CONSTITUCIONAL
Lejos de guardar silencio, Domenech reaccionó con fuerza y calificó la querella como una interpretación errónea y peligrosa de la ley.
El exfuncionario argumentó que la acción de Ética convierte una norma diseñada para evitar conflictos de interés en una barrera contra el derecho constitucional de todo ciudadano a escoger el abogado que considere más capacitado para defenderlo.
«Esta querella no contiene alegación alguna de aprovechamiento del cargo, obtención de beneficios indebidos ni malversación de fondos públicos. La contratación de una profesional con fondos de mi propio bolsillo no puede considerarse una violación ética», sostuvo.
Asimismo, señaló que la interpretación de la OEG tendría consecuencias absurdas para futuros ocupantes de la Secretaría de la Gobernación, quienes manejan miles de trámites y contratos cada año.
Según Domenech, aceptar la teoría planteada por Ética significaría que exfuncionarios de alto nivel quedarían prácticamente impedidos de contratar abogados, médicos, contables y otros profesionales con experiencia en Puerto Rico simplemente porque alguna vez sus contratos pasaron por revisión gubernamental.
UNA BATALLA QUE APENAS COMIENZA
La controversia ahora queda en manos del proceso administrativo de la OEG, mientras se intensifica el debate sobre hasta dónde llegan las restricciones éticas para exfuncionarios y dónde comienza el derecho constitucional de una persona a obtener representación legal de su confianza.
Lo que hoy se presenta como una querella ética podría convertirse en un caso de gran impacto para definir los límites de la ley y el alcance de los derechos de quienes abandonan el servicio público.
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