gobernadora de PR

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) levantó bandera sobre la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón de suspender temporalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, bebidas carbonatadas y dulces durante los meses de noviembre y diciembre.

Según la Junta, la medida tendría un impacto estimado de $56.8 millones en los recaudos del gobierno, sin que hasta el momento se haya identificado una fuente de ingresos que compense esa reducción. En una carta enviada a la gobernadora, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr., expresó preocupación por el anuncio de medidas contributivas sin que primero se complete el análisis fiscal correspondiente.

Mujica señaló además que la propuesta no fue discutida durante una reunión celebrada entre el gobierno y la Junta apenas dos días antes de su anuncio público. Para el organismo fiscal, esta es la segunda ocasión en el presente año en que se presenta una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario y sin una evaluación completa de su impacto sobre las finanzas públicas.

La propuesta fue anunciada por González Colón el pasado 23 de octubre como una alternativa para ofrecer alivio temporero a consumidores y comercios afectados por los elevados costos de energía eléctrica. Sin embargo, la Junta insistió en que la iniciativa no debe entrar en vigor hasta que concluya su evaluación y se identifique una fuente de fondos que permita cubrir la pérdida en recaudos.

En su comunicación, la JSF también destacó otras preocupaciones fiscales que actualmente enfrenta el gobierno, incluyendo propuestas para aumentar beneficios de pensión, el costo de convenios colectivos con aumentos salariales y la situación financiera del Departamento de Educación y del programa Medicaid.

«El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica», afirmó Mujica, al recalcar la importancia de que cualquier medida con impacto fiscal sea evaluada dentro del marco presupuestario establecido.

La controversia surge en momentos en que Puerto Rico continúa bajo la supervisión fiscal de la Junta y enfrenta el reto de balancear medidas de alivio económico para los ciudadanos sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

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