SENADO BAJO LA SOMBRA DE UNA QUERELLA ÉTICA

Jefa de Recursos Humanos enfrenta acusación por presunta falsificación de certificado médico para viajar a España
Por PR Vive TV
Una controversia ética sacude nuevamente los pasillos del gobierno. Damaris Rivera Silva, actual directora de la Oficina de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico, enfrenta una querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por alegadamente utilizar un certificado médico falsificado para justificar ausencias mientras participaba de un viaje académico en España.
Según la querella radicada el 14 de octubre de 2026, Rivera Silva laboraba como Oficial de Coordinación de Programas de Servicios en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) cuando solicitó autorización para ausentarse de su empleo entre mayo y junio de 2025 con el propósito de asistir a un viaje de estudios de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en España. La solicitud fue denegada.
Sin embargo, la querella sostiene que Rivera Silva dejó de asistir a su trabajo durante ese período y posteriormente notificó a sus supervisores que se encontraba enferma. Días más tarde presentó una solicitud de licencia por enfermedad acompañada de un certificado médico que recomendaba reposo hasta el 23 de junio de 2025.
La acusación es contundente.
«Dicho Certificado Médico era falso, el mismo fue falsificado», establece la querella citada por NotiCel.
La OEG alega además que mientras justificaba sus ausencias con razones médicas, Rivera Silva se encontraba fuera de Puerto Rico participando en el programa académico en España.
La investigación también señala que algunas de las ausencias fueron cargadas a su licencia de enfermedad, incluyendo dos días con un valor aproximado de $383.55 en beneficios laborales.
A pesar de la gravedad de las alegaciones, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito no habría impuesto sanciones administrativas contra la funcionaria por los hechos descritos.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó públicamente que consultó con el director de la OEG, Luis Pérez Vargas, y que no existe obligación legal de suspender o separar de su cargo a Rivera Silva mientras el caso continúa su curso.
«La querella fue contestada y refuta totalmente las alegaciones«, expresó Rivera Schatz en declaraciones públicas.
La querella sostiene que la funcionaria pudo haber incurrido en violaciones a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, normas de administración de recursos humanos, reglamentos de asistencia de la CST y normas internas de conducta aplicables a empleados públicos.
Mientras la investigación continúa, el caso levanta serios cuestionamientos sobre la credibilidad y la confianza pública en quienes ocupan puestos de supervisión y manejo de personal dentro de una de las instituciones más importantes del gobierno de Puerto Rico.
La controversia ahora queda en manos de las autoridades éticas correspondientes, que deberán determinar si las alegaciones constituyen una violación administrativa o ética y si procede alguna sanción formal contra la funcionaria.
PR Vive TV seguirá atento al desarrollo de este caso y a las determinaciones oficiales que surjan de la investigación.
