Senadora denuncia desorden en investigaciones de delitos en cárceles y exige activar protocolo interagencial vigente desde 2011
La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Brenda Pérez Soto, denunció que en Puerto Rico existe un “disloque” en la forma en que se investigan los delitos cometidos dentro de las instituciones correccionales, alegando falta de uniformidad, claridad y coordinación entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Policía de Puerto Rico.
Según la legisladora, aunque desde 2011 existe un protocolo interagencial que establece cómo deben manejarse estas investigaciones, el documento no se está implementando, lo que deja un vacío operacional en casos que pueden involucrar sustancias controladas, armas, explosivos e incluso crimen organizado dentro de las cárceles.
Pérez Soto presentó la Resolución Conjunta del Senado 206, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara investigar por qué el protocolo firmado hace 15 años no se está cumpliendo. La medida exige que el DCR y la Policía entreguen a la Legislatura, en un plazo no mayor de 90 días, un informe que demuestre si el protocolo se está aplicando y cómo se coordinan las intervenciones e investigaciones criminales dentro de las instituciones.
En la exposición de motivos, la senadora subraya que la falta de coordinación entre ambas agencias puede comprometer la seguridad institucional y la capacidad investigativa del Estado. “Resulta imperativo asegurar el cumplimiento cabal de este mandato… Esto permitirá fortalecer la seguridad institucional, mejorar la capacidad investigativa y garantizar una respuesta adecuada ante situaciones que comprometan el orden y la seguridad dentro de las instituciones correccionales”, señala el documento.
La legisladora enfatizó que el protocolo debe establecer claramente:
- La jurisdicción de cada entidad
- Los procedimientos de intervención
- Los pasos de investigación criminal
- Los canales de comunicación entre agencias
- Las responsabilidades específicas de cada dependencia
Pérez Soto advirtió que la ausencia de un sistema claro puede provocar confusión en casos de alta peligrosidad. “Ante situaciones de esta naturaleza no puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene o cómo se comparte la información. Lo que estamos exigiendo es claridad, coordinación y cumplimiento con la ley”, expresó.
La senadora insistió en que las cárceles no pueden convertirse en zonas donde la rigurosidad investigativa sea menor por tratarse de delitos cometidos dentro de sus paredes. “Quince años son suficientes para que ese mandato tenga una respuesta clara y verificable”, concluyó.
Puerto Rico Vive TV continuará monitoreando esta medida legislativa y cualquier acción que tomen las agencias involucradas.
