Senadora denuncia desorden en investigaciones de delitos en cárceles y exige activar protocolo olvidado desde 2011
La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Brenda Pérez Soto, levantó serias preocupaciones sobre la manera en que se investigan los delitos dentro de las instituciones correccionales del país, denunciando que existe un “disloque operacional” entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Policía de Puerto Rico.
Según la legisladora, aunque desde 2011 existe un protocolo interagencial que define cómo deben manejarse las investigaciones criminales en las cárceles, el documento no se está implementando, lo que deja un vacío crítico en la coordinación de casos que pueden involucrar sustancias controladas, armas, explosivos y hasta crimen organizado.
Pérez Soto presentó la Resolución Conjunta del Senado 206, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara investigar por qué el protocolo firmado hace 15 años no se cumple y exige que ambas agencias entreguen un informe detallado en un plazo de 90 días.
En la exposición de motivos, la senadora advierte que la falta de coordinación entre agencias puede comprometer la seguridad institucional y la capacidad investigativa del Estado. “Resulta imperativo asegurar el cumplimiento cabal de este mandato… Esto permitirá fortalecer la seguridad institucional, mejorar la capacidad investigativa y garantizar una respuesta adecuada ante situaciones que comprometan el orden y la seguridad dentro de las instituciones correccionales”, señala el documento.
La medida exige que el protocolo establezca claramente:
- Jurisdicción de cada entidad
- Procedimientos de intervención
- Pasos de investigación criminal
- Canales de comunicación
- Responsabilidades específicas de cada dependencia
Pérez Soto subrayó que la ausencia de un sistema claro puede provocar confusión en casos de alta peligrosidad. “Han transcurrido 15 años desde que se estableció este mandato… No puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene o cómo se comparte la información”, expresó.
La senadora insistió en que las cárceles no pueden convertirse en zonas donde la rigurosidad investigativa sea menor por tratarse de delitos cometidos dentro de sus paredes. “Quince años son suficientes para que ese mandato tenga una respuesta clara y verificable”, concluyó.
La medida ahora pasa a evaluación legislativa, mientras el DCR y la Policía deberán demostrar si existe cumplimiento real del protocolo o si, como denuncia la senadora, ha sido ignorado durante más de una década.
Puerto Rico Vive TV continuará investigando este caso y cualquier acción que tomen las agencias involucradas.
